FEPER cree Decreto Profesores Religión perpetuará abusos de arbitrariedad
La Federación Estatal de Profesores de Religión (FEPER) cree que continuarán los 'abusos' por decisiones arbitrarias de los delegados diocesanos respecto a las circunstancias de vida personal de los profesores de religión después de haber obtenido la autorización inicial para la docencia.
El Consejo de Ministros aprobó hoy el real decreto que regula el profesorado de religión de los centros públicos, que tendrán un 'contrato laboral indefinido', mientras que la confesión religiosa que los propuso para la docencia tendrá que hacer una 'propuesta de revocación ajustada a derecho' cuando dejen de cumplir los requisitos para impartir las clases.
En declaraciones a EFE, el vicepresidente de FEPER, Luis Guridi, matizó que habrá que esperar a conocer exactamente cómo queda redactada la norma, de la que sólo tiene conocimiento por la referencia del Consejo de Ministros.
No obstante, dejó constancia de que la Ley Orgánica de Educación (LOE) habla de 'remoción' de estos profesionales, y la reseña del Consejo de Ministros habla de que las confesiones harán 'propuesta de revocación' a pesar de que éstas, precisó Guridi, no son parte del contrato laboral, pues los docentes son contratados por las administraciones.
Guridi discrepó de que se vaya a resolver la conflictividad jurídica por despidos en este grupo profesional e invitó a que se aplique sin más la propia LOE y el Estatuto de los Trabajadores para evitar contradicciones, ya que las normas laborales y los derechos constitucionales 'no se rigen por razones morales y de religión'.
En caso de que un profesor no cumpla con el deber deontológico de trasmitir fielmente lo que se espera de una clase confesional y lo que dicen los libros de texto, habrá que abrirle expediente e investigar si es así con las pruebas pertinentes.
'Otra cosa es que se quieran meter en la vida y las decisiones personales' de los profesores, enfatizó.
Acusó al PSOE de plegarse a las exigencias de la jerarquía de la Iglesia Católica en este asunto.
Según el Gobierno, el real decreto resuelve la conflictividad citada y 'respeta el derecho reconocido a las confesiones religiosas de proponer a las personas para impartir la enseñanza de la religión'.
'Si el profesor dejara de cumplir los requisitos necesarios para impartir sus clases, la confesión religiosa tendrá que hacer una propuesta de revocación ajustada a derecho. En la actualidad, bastaba con no renovar el contrato', precisa el Ejecutivo.
El real decreto, se asegura, 'se ajusta' a los acuerdos firmados por el Estado Español y la Santa Sede u otras confesiones religiosas, pero 'también al Estatuto de los Trabajadores y a las directivas comunitarias'.-
