Fiscalías España y Portugal investigan fundaciones vidente Amparo Cuevas
La fiscalía de Madrid y el ministerio público portugués están investigando las supuestas irregularidades y coacciones en las residencias y fundaciones que puso en marcha la vidente Amparo Cuevas, como consecuencia de las supuestas apariciones de la Virgen en la localidad madrileña de El Escorial.
Tras el goteo de denuncias ante los tribunales presentadas por los familiares afectados, un grupo de éstos decidieron a mediados del pasado año, y ante la falta de respuesta del arzobispado de Madrid y de la Administración, constituirse en asociación y denunciar los hechos a los medios de comunicación y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
La denuncia dirigida a este tribunal por Juan Carlos Bueno, presidente de la 'Asociación Víctimas de las Supuestas Apariciones de El Escorial', y a la que ha tenido acceso Efe, señala que la Asociación representa a los familiares de 30 personas que 'han estado o están captadas por un grupo de Fundaciones y Asociaciones cuyo origen está en las conocidas popularmente como apariciones de El Escorial'.
'Tenemos referencias, agrega la denuncia, de que existen cientos de afectados en España, Portugal y Francia. Hay muchos casos que no denuncian por miedo y por desconfianza en la Justicia ante el poder que tienen estas organizaciones. Llevan 25 años causando daños'.
Juan Carlos Bueno explica que estas organizaciones 'captan a personas de toda edad, basan su pertenencia al grupo en los mensajes de la virgen a una vidente, sin el reconocimiento de la Iglesia, pero tampoco su reprobación, lo cual da pie a todo tipo de manipulaciones'.
Como consecuencia, dice la Asociación, se producen una serie de daños, entre ellos: 'estafas (se apropian del dinero de nuestros familiares porque la virgen lo manda)', 'extorsiones (para que un padre sane tiene que ingresar su hija como adepta'), entre 60 y 80 mujeres 'viven en condiciones de maltrato psicológico y físico'; manipulación de menores ('niños desde 7 años aparecen como testigos de 'extraños y sangrientos fenómenos').
Asimismo, en la misma denuncia se constatan 'rupturas familiares' provocadas por los lideres' y 'secuelas de daños sicológicos' para quienes consiguen 'escapar' del dominio del grupo -que los denunciantes califican de secta amparada en la Iglesia católica-, situaciones 'penosas' y 'dramáticas' según familiares de los 'captados' que han corroborado a Efe los hechos denunciados.
En el mismo escrito se aportan a la fiscalía dos sentencias judiciales en las que se reconocen sendas incapacidades y en las que los jueces tachan a estas organizaciones de fanáticas, la condena por coacciones al presidente de una de las fundaciones y las actuaciones que está llevando a cabo el Ministerio Público de Portugal 'ante un supuesto caso de rapto de una joven'.
La joven, Carla Filipa Almeida, de 19 años y con residencia en Portugal, fue 'coaccionada' por sus padres (pertenecientes al grupo denunciado) a ingresar, a la edad de 18 años, en una residencia del grupo en Torralba del Moral (Soria), donde permaneció por espacio de más de quince días bajo la presión sicológica de que tenía que permanecer allí para que su familia no sufriese 'una terrible desgracia'.
Carla Filipa, que pudo abandonar la residencia de las asociaciones de Amparo Cuevas con la ayuda de sus tíos y la intervención de la Guardia Civil, explicó a Efe que durante el tiempo que permaneció en ella sufrió tratos vejatorios y maltrato sicológico, se la obligó a vestir hábitos de religiosa y se le impedía cualquier contacto con el exterior.
A raíz de las supuestas visiones y apariciones de la virgen, la vidente Amparo Cuevas y sus seguidores pusieron en marcha un entramado de fundaciones según la información facilitada por la Asociación de víctimas a Efe, entre ellas la fundación benéfica Virgen de los Dolores y las Asociaciones Reparadores Virgen de los Dolores y Seglares Reparadoras Amor, Unión y Paz.
Los denunciantes se han dirigido también, sin obtener respuesta, al cardenal Rouco Varela y al resto de obispos españoles, a la Conferencia Episcopal, a la Nunciatura y, el pasado 23 de enero, a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, exponiendo estos hechos.
