Ley acaba con potestad de padres a corregir razonable y moderadamente hijos
El Congreso aprobó hoy la ley de adopción internacional, que recoge el derecho de las personas adoptadas a conocer su origen biológico y que finalmente acaba con la potestad de los padres a 'corregir razonable y moderadamente' a sus hijos.
La modificación o no del artículo 154 del Código Civil sobre el ejercicio de la patria potestad ha centrado el debate parlamentario en torno a este proyecto legislativo, aprobado por 162 votos a favor y 184 en contra.
Tanto PP como Convergencia i Unió (CiU) y PNV han defendido que la actual redacción de este precepto en ningún caso implica amparar los malos tratos sino permitir que los padres y tutores legales puedan seguir amonestando o reprendiendo a sus hijos de manera sensata.
En sentido contrario, PSOE, IU-ICV, ERC y BNG han recordado la recomendación de la Convención sobre los Derechos del Niño para que el Gobierno español suprimiera esa facultad de corregir 'razonable y moderadamente' a los menores.
Finalmente, los artículos modificados por la ley de adopción en esta materia (el 154 relativo a padres y el 268 sobre tutores) queda de la siguiente manera: 'la patria potestad se ejercerá siempre en beneficio de los hijos, de acuerdo con su personalidad, y con respeto a su integridad física y psicológica'.
'Esta potestad comprende los siguientes deberes y facultades: velar por ellos, tenerlos en su compañía, educarlos, procurarlos una formación integral y representar y administrar sus bienes. Si los hijos tuvieran suficiente juicio deberán ser oídos siempre antes de adoptar decisiones que les afecten. Los padres podrán, en el ejercicio de su potestad, recabar el auxilio de la autoridad'.
Respecto al resto del articulado, la mayoría del arco parlamentario lo ha apoyado en líneas generales porque implica un avance en la agilización, transparencia y control de los procesos de adopción internacional, en palabras de sus portavoces.
La diputada de IU-ICV Isaura Navarro ha matizado que le hubiera gustado un mayor control de las Entidades Colaboradoras de Adopción Internacional, algunos de cuyos miembros asistieron al debate desde la tribuna de invitados junto a representantes de asociaciones de defensa de los derechos del niño.
Para Georgina Oliva (Esquerra Republicana), la ley es 'positiva' ya que busca 'cierta armonización de los procesos de adopción que se desarrollan' en el país, y obliga a las entidades colaboradoras de adopción a informar a las entidades públicas de los datos de los que disponga sobre los orígenes del menor.
El artículo 12 de la nueva legislación establece que las personas adoptadas, alcanzada la mayoría de edad o durante su minoría de edad representadas por sus padres, tendrán derecho a conocer su origen biológico, 'sin perjuicio de las limitaciones que pudieran derivarse de la legislación de los países' de los que provengan.
Por otro lado, la diputada popular Lourdes Méndez Monasterio ha opinado que la ley -que entrará en vigor un día después publicarla el BOE- no es la esperada por 20.000 familias adoptantes españolas.
Se trata de lograr 'a final de legislatura un efecto mediático, así es como comenzó la legislatura, con la ley contra la violencia de género', ha resaltado Méndez Monasterio, en cuya opinión su déficit más importante es la ausencia de un órgano de coordinación que asuma la representación en el exterior .
'Muchas veces los consulados no tienen medios suficientes para solventar todas las casuísticas que les plantean' en esta materia, ha afirmado la diputada en este sentido.
Por último el diputado socialista Mario Bedera ha recordado que España es el primer país del mundo en adopción por número de habitantes, de ahí la necesidad de acabar con la anterior 'dispersión' normativa y sistematizarlo todo en un único instrumento legal.
Además de reforzarse la seguridad jurídica, se incrementa la defensa del interés del menor, por ejemplo se fija un plazo de dos años para que los padres soliciten el cese de la suspensión de la patria potestad y la revocación de ese amparo, ha indicado el parlamentario socialista.
