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En tanto, la subsecretaria de Salud, Lidia Amarales, cuestionó los argumentos de los detractores a la venta y entrega del llamado anticonceptivo de emergencia y recordó que la labor de ese ministerio es hacer 'que la ley se cumpla'. Mientras en Chile arrecia la polémica en torno a la venta del levonogestrel, nombre bajo el cual se vende actualmente en el país esta píldora, en Roma el Papa Benedicto XVI dijo hoy que los farmacéuticos deben tener la opción de rehusar la entrega de medicamentos que puedan provocar aborto o eutanasia. El pontífice, durante el XXV Congreso Internacional de Farmacéuticos Católicos, apeló a que los profesionales de la Salud sean 'objetores de conciencia' contra dichas prácticas. En Chile la polémica en torno al fármaco se ha dado entre sectores católicos, apoyados por la derecha política conservadora, y sectores progresistas. El pasado 22 de marzo el Tribunal Constitucional declaró inadmisible un recurso presentado por unos 30 parlamentarios contra la venta y uso del anticonceptivo en farmacias y su entrega gratuita en consultorios a mujeres desde los 14 años que lo soliciten, aunque sea sin permiso de sus padres. El fallo definitivo ocurrió tras una larga batalla en los tribunales de justicia impulsada por grupos conservadores que afirman que la píldora es abortiva. En este contexto y pese al fallo del Tribunal, las tres principales cadenas de farmacias se han negado en los últimos meses a distribuir la píldora, por lo que la semana pasada el gobierno les aplicó multas por 34.000 millones de pesos (unos 68.000 dólares) a cada una de ellas. A raíz de la sanción, SalcoBrand, una de las cadenas afectadas, publicó este domingo en los principales diarios del país un inserto en el que exige respeto a su 'libertad de opinión' para no vender la píldora y rechaza que ésta haya sido incluida en el Formulario Nacional de medicamentos, lo que obliga a su distribución. En su declaración, la cadena farmacéutica señala que se ve obligada a adquirir y vender el fármaco anticonceptivo, ante el riesgo de ser nuevamente sancionada. Desde que se autorizó la entrega gratuita de la píldora del día después, primero a mujeres violadas y después a cualquiera que la solicite en los establecimientos del Sistema Público de Salud, la derecha ha recurrido con frecuencia a los tribunales para tratar de que no entrara en vigor la medida, sin resultados hasta ahora. El Gobierno de la presidenta Michelle Bachelet decidió la venta de la píldora a partir de los 14 años para evitar los embarazos juveniles indeseados que van en aumento en Chile y el resto de los países latinoamericanos. Según cifras oficiales, en Chile los abortos bordean los 32.000 al año, número que se refiere solo a las mujeres atendidas en hospitales, mientras se considera que la cifra real supera anualmente los 100.000 casos.
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